A finales de los setenta, la Junta de Andalucía construyó viviendas dignas y baratas, veinticuatro mil euros a pagar en treinta años, para personas y familias trabajadoras.
Juan y María obtuvieron una, en la que vivieron hasta la primera década del año dos mil, que la vendieron a Rafael y Aurora por ciento veinticinco mil euros.
Rafael y Aurora se hipotecaron hasta las trancas. Llegó la crisis y no pudieron pagar la hipoteca. El banco se quedó con la vivienda. La familia continuó en ella pagando un alquiler. Pasados algunos años, el banco les obliga a abandonar la vivienda. La familia negocia con el banco para comprarla, pero tienen que dejarla. Al poco tiempo, una inmobiliaria del banco la subasta por internet. Hay que «entrar» en su página y ofrecer un precio; la inmobiliaria selecciona, según las posibilidades de hipotecarse y adjudica la vivienda a otra familia.
Resumimos: el Gobierno andaluz facilita una vivienda digna y barata. La familia la vende y se gana cien mil euros en la operación. La segunda familia, se endeuda, no puede pagar y termina en la calle. Una tercera familia se ha vuelto a endeudar. El banco ha ganado en cada traspaso, sigue ganando y con la propiedad.
Para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, es necesario que:
- Los Gobiernos construyan viviendas dignas y asequibles para todas las personas y familias que lo necesiten.
- Puedan utilizarse durante toda la vida, pero nunca vender ni alquilar.
- En caso de mudanza u otra circunstancia, la vivienda vuelva a la Administración, y esta familia acceda a otra similar en el nuevo lugar.
- Ninguna vivienda pública pueda pasar a manos de la banca. Así acabamos con los desahucios.
Nuestra solidaridad agradecida con PAH y la iniciativa Ley Vivienda, ley que no acaba de llegar porque derecho y negocio son incompatibles, y manda el negocio.
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