Pedro Menchónabril 2024abril 2024

Luchando por un sistema sanitario público, universal y redistributivo

Las listas de espera son un indicador de que el sistema sanitario no es capaz de dar solución a las necesidades de salud de la población.

Pero solo son una de las múltiples amenazas para nuestra sanidad pública, junto con otras como la creciente externalización (privatización) de pruebas e intervenciones quirúrgicas, la existencia de copagos (farmacia, ortopedia…), la todavía abundante precariedad laboral entre los profesionales de la salud, la insuficiente estrategia para cuidar a los enfermos crónicos y las personas frágiles, el exagerado gasto en fármacos y en tecnología que no responden a una verdadera necesidad de la población, el olvido de las situaciones socioeconómicas que condicionan los estados de enfermedad, o la retirada de la cobertura sanitaria cuando eres persona no trabajadora o no tienes papeles.

Cuando comencé a trabajar en el hospital, el discernimiento sobre la vocación profesional me animó a cuidar lo mejor posible a las personas enfermas, con calidad científica y humana, pero también me llevó a luchar por la conservación del derecho universal a la salud, evitar dejar a nadie atrás. Durante años en la Asociación Defensa de la Sanidad Pública y en Marea Blanca, hemos trabajado por un sistema sanitario público, universal y redistributivo, que garantice el acceso a una atención de calidad en condiciones de igualdad, que permita la participación activa en las planificaciones sanitarias tanto de profesionales como de la población. Mediante una organización asamblearia y federal que combine la reflexión y la acción, junto con muchas compañeras, creyentes y no creyentes, preocupadas por el deterioro que van sufriendo la sanidad pública, creciendo y aprendiendo unas de otras.

Hemos exigido varias veces la publicación periódica y detallada de listas de espera, insistiendo en que mediante este mecanismo democrático de rendición de cuentas podemos vigilar nuestra accesibilidad al sistema. Hace poco, en un informe denunciábamos con números que la pobreza es la principal enfermedad crónica de la región y no permite que las políticas sanitarias tengan efecto. Al término de la pandemia, apoyamos intensamente las movilizaciones de los profesionales de atención primaria, denunciando los recursos escasos y la financiación insuficiente en los centros de salud. En el seno de Marea Blanca, con los retos y dificultades que supone la coordinación con tantos colectivos y asociaciones, hemos salido a la calle para gritar que «la sanidad pública no se vende, se defiende» y hemos presentado nuestras reivindicaciones a los partidos políticos en periodos electorales. Y cuando el Gobierno central popular acabó con la sanidad universal en 2012, junto a otros colectivos sociales formamos el Observatorio Regional de Exclusión Sanitaria para vigilar y subsanar las denegaciones de asistencia sanitaria a personas migrantes «irregulares».

Discernimiento

El derecho a la salud forma parte del patrimonio de la Doctrina Social de la Iglesia como un derecho del individuo, especialmente de los más débiles, porque la salud es un bien común. La sanidad pública se basa en los principios de universalidad, equidad y solidaridad que, sin embargo, hoy corren el riesgo de no aplicarse (Francisco a los médicos italianos, 18/11/23).

Todo enfermo es por definición frágil, pobre, necesitado de ayuda, y es evidente que existen diferentes oportunidades de acceso a la atención para quienes cuentan con recursos económicos en comparación con las personas más desfavorecidas (Francisco a la Asociación de Institutos Sociosanitarios Religiosos, 13/4/23).